¿El APRA tiene una política universitaria?
A propósito de la huelga de profesores universitarios
Escribe: Carlos Antonio Armas Gamarra
A propósito de la huelga de profesores universitarios
Escribe: Carlos Antonio Armas Gamarra
Abogado/ Pontificia Universidad Catolica del Perú-LIMA
A modo de introducción: La huelga como derecho de los profesores y la cuestión social de sus remuneraciones.
Dos cosas ciertas. La primera. La Huelga es un derecho constitucional reconocido por primera vez en el Perú en 1979 (Artículo 55º, “derecho de los trabajadores”), y reafirmado, aunque desde otra óptica, en la actual Constitución de 1993 (Artículo 28º, “reconocimiento por el Estado”)
Tanto a nivel internacional como nacional, se contempla la posibilidad de establecer excepciones y limitaciones al ejercicio de este derecho para ciertas categorías de trabajadores. En el caso peruano, nuestra Constitución determinó posibilidad de establecer excepciones y limitaciones (Artículo 28º) para los funcionarios con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Artículo 42º) y los jueces y fiscales (Artículo 153º). Numerus clausus. Entonces, no habiendo sido excluidos del ejercicio de este derecho, los profesores universitarios se encuentran legítimamente en posibilidad de ejercerlo, pero siempre “que se ejerza en armonía con el interés social” (Constitución, artículo 28º).
La segunda. La cuestión social de la remuneración de los profesores universitarios. Ésta se convierte en una verdad “casi absoluta” que ninguno de nosotros puede negar y a la que por principio no podemos dar la espalda, y es que las malas remuneraciones de los profesores en nuestro país constituyen una de las principales causas del déficit académico en nuestras universidades.
Por lo tanto, como apristas, nuestro análisis de la huelga no debe partir por el supuesto de que toda huelga es mala porque perjudica a unos u otros (Estado y alumnos por ejemplo), o, siendo gobierno, porque puede desestabilizar al régimen. Sino comenzar por el análisis de las razones que la impulsan. Allí veremos si es que se trata de una huelga política y no laboral, y si es justa y reivindicativa de derechos o no. Pues ésto es lo verdaderamente importante.
¿El APRA tiene una política universitaria?
Debo aceptar que al menos yo no la conozco. Parto de la siguiente premisa: una propuesta de plan de gobierno, y de gobierno (si la hubiere), son diferentes a una política partidaria sostenida, definida en base a lineamientos claros y puntos programáticos generales y concretos que obviamente debe ser desarrollada por sus comandos universitarios organizados dinámica, sistemática y jerárquicamente. No la conozco además porque veo que en la práctica no se desarrolla nada parecido, sino más bien todo lo contrario.
Utilizo el término “casi absoluto” porque considero responsable reconocer que la diversidad también existe dentro de ésta categoría injusta y homogéneamente remunerada. Es decir, no es absoluto porque hay profesores que merecen ganar lo que ganan y no más que ello, y a ambos lados de èstos existen profesores que cumplen más que satisfactoriamente con su responsabilidad docente pero que a pesar de ello están muy mal remunerados, y existen profesores que ni siquiera cumplen mínimamente con su labor y que sin embargo ganan como los primeros, mereciendo con justicia salir del sistema educativo.
Dos cosas ciertas. La primera. La Huelga es un derecho constitucional reconocido por primera vez en el Perú en 1979 (Artículo 55º, “derecho de los trabajadores”), y reafirmado, aunque desde otra óptica, en la actual Constitución de 1993 (Artículo 28º, “reconocimiento por el Estado”)
Tanto a nivel internacional como nacional, se contempla la posibilidad de establecer excepciones y limitaciones al ejercicio de este derecho para ciertas categorías de trabajadores. En el caso peruano, nuestra Constitución determinó posibilidad de establecer excepciones y limitaciones (Artículo 28º) para los funcionarios con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Artículo 42º) y los jueces y fiscales (Artículo 153º). Numerus clausus. Entonces, no habiendo sido excluidos del ejercicio de este derecho, los profesores universitarios se encuentran legítimamente en posibilidad de ejercerlo, pero siempre “que se ejerza en armonía con el interés social” (Constitución, artículo 28º).
La segunda. La cuestión social de la remuneración de los profesores universitarios. Ésta se convierte en una verdad “casi absoluta” que ninguno de nosotros puede negar y a la que por principio no podemos dar la espalda, y es que las malas remuneraciones de los profesores en nuestro país constituyen una de las principales causas del déficit académico en nuestras universidades.
Por lo tanto, como apristas, nuestro análisis de la huelga no debe partir por el supuesto de que toda huelga es mala porque perjudica a unos u otros (Estado y alumnos por ejemplo), o, siendo gobierno, porque puede desestabilizar al régimen. Sino comenzar por el análisis de las razones que la impulsan. Allí veremos si es que se trata de una huelga política y no laboral, y si es justa y reivindicativa de derechos o no. Pues ésto es lo verdaderamente importante.
¿El APRA tiene una política universitaria?
Debo aceptar que al menos yo no la conozco. Parto de la siguiente premisa: una propuesta de plan de gobierno, y de gobierno (si la hubiere), son diferentes a una política partidaria sostenida, definida en base a lineamientos claros y puntos programáticos generales y concretos que obviamente debe ser desarrollada por sus comandos universitarios organizados dinámica, sistemática y jerárquicamente. No la conozco además porque veo que en la práctica no se desarrolla nada parecido, sino más bien todo lo contrario.
Utilizo el término “casi absoluto” porque considero responsable reconocer que la diversidad también existe dentro de ésta categoría injusta y homogéneamente remunerada. Es decir, no es absoluto porque hay profesores que merecen ganar lo que ganan y no más que ello, y a ambos lados de èstos existen profesores que cumplen más que satisfactoriamente con su responsabilidad docente pero que a pesar de ello están muy mal remunerados, y existen profesores que ni siquiera cumplen mínimamente con su labor y que sin embargo ganan como los primeros, mereciendo con justicia salir del sistema educativo.
Entonces, frente a la huelga de los profesores universitarios cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿y el Comando Nacional Universitario Aprista? ¿Cuál ha sido la propuesta institucional del Comando Nacional Universitario Aprista? ¿No debería tener una posición partidaria sobre la huelga, sobre los maestros, sobre la calidad educativa, sobre algo? ¿No es ésta la instancia que democrática y orgánicamente debe definir y desarrollar una política universitaria?
Con esto, sólo puedo pensar que está claro que la organización universitaria no está funcionando bien y que nuestros dirigentes universitarios, específicamente los de carácter nacional, anteponen cualquier cosa a aquellos temas de interés colectivo que deben guiar la acción política de nuestro partido y estar por encima de todo.
Hace casi un año se modificó la ley de casinos y máquinas tragamonedas de modo tal que flexibilizaba aún más los requisitos para el establecimiento de éstos negocios. Así se eliminó a las universidades e institutos superiores de los centros educativos frente a los cuales se prohibía establecer negocios de este tipo. El argumento fue liberalmente sencillo: “a esos lugares va gente adulta”. Es decir, los estudiantes, por ser adultos, pueden decidir qué hacer con su vida. No interesa si al entrar o al salir de clases nos vemos con casinos y tragamonedas que nos invitan a entrar y a gastar el poco dinero que nuestros padres nos dan, no interesa la posibilidad de que el esfuerzo de nuestros padres por darnos educación peligre gracias a la tentación de ganar dinero fácilmente y al posible riesgo de caer en la ludopatía. Eso, creo, es algo que los universitarios y los jóvenes deben analizar y definir cómo afrontarlo por una cuestión de principio.
Con esto, sólo puedo pensar que está claro que la organización universitaria no está funcionando bien y que nuestros dirigentes universitarios, específicamente los de carácter nacional, anteponen cualquier cosa a aquellos temas de interés colectivo que deben guiar la acción política de nuestro partido y estar por encima de todo.
Hace casi un año se modificó la ley de casinos y máquinas tragamonedas de modo tal que flexibilizaba aún más los requisitos para el establecimiento de éstos negocios. Así se eliminó a las universidades e institutos superiores de los centros educativos frente a los cuales se prohibía establecer negocios de este tipo. El argumento fue liberalmente sencillo: “a esos lugares va gente adulta”. Es decir, los estudiantes, por ser adultos, pueden decidir qué hacer con su vida. No interesa si al entrar o al salir de clases nos vemos con casinos y tragamonedas que nos invitan a entrar y a gastar el poco dinero que nuestros padres nos dan, no interesa la posibilidad de que el esfuerzo de nuestros padres por darnos educación peligre gracias a la tentación de ganar dinero fácilmente y al posible riesgo de caer en la ludopatía. Eso, creo, es algo que los universitarios y los jóvenes deben analizar y definir cómo afrontarlo por una cuestión de principio.
De lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la educación frente al derecho de empresa de los propietarios de casinos y máquinas tragamonedas. Del primero depende el futuro del país, del segundo la ganancia de unos cuantos. La tarea del Estado, dentro de la concepción aprista, es fomentar y garantizar el derecho a la educación y restringir el juego (ojo, para los aficionados al juego e insignes liberales, restringir no es prohibir). No al revés.
Lo que quiero decir con esto es que hay mucho por hacer y no se hace. Pero algo más crítico es que hay mucho por decir y no se dice. Es urgente construir una política universitaria y no conformarse con ser elegido dirigente universitario. Tal vez deberíamos seguir el orden del abecedario y, al darnos cuenta que la “l” está antes que la “r”, llegaríamos a la conclusión que para ser dirigente primero hay que ser diligente.
Entonces, frente a todo ello, necesitamos una política universitaria que apunte, en primer lugar, a la organización y reestructuración de los comandos universitarios. Organización para hacer del estamento universitario una estructura flexible y democrática, cuya flexibilidad pase por tener puntos programáticos generales para todo el país y permitir dentro de ese marco el libre y coordinado desarrollo de acciones específicas por parte de los dirigentes universitarios de cada región y de cada universidad nacional o particular por las diferencias y necesidades que cada realidad presenta. Debe ser democrática porque debe garantizar a todos los universitarios miembros de un comando universitario aprista la posibilidad de desarrollar libremente sus capacidades profesionales e individuales, como la creatividad, la opinión, la crítica, la propuesta. El poder llegar a la dirigencia debe ser una realidad alcanzable y garantizada, si es que la lógica de la organización responde a la igualdad de oportunidades y, por tanto, al reconocimiento de capacidades y méritos.
Lo que quiero decir con esto es que hay mucho por hacer y no se hace. Pero algo más crítico es que hay mucho por decir y no se dice. Es urgente construir una política universitaria y no conformarse con ser elegido dirigente universitario. Tal vez deberíamos seguir el orden del abecedario y, al darnos cuenta que la “l” está antes que la “r”, llegaríamos a la conclusión que para ser dirigente primero hay que ser diligente.
Entonces, frente a todo ello, necesitamos una política universitaria que apunte, en primer lugar, a la organización y reestructuración de los comandos universitarios. Organización para hacer del estamento universitario una estructura flexible y democrática, cuya flexibilidad pase por tener puntos programáticos generales para todo el país y permitir dentro de ese marco el libre y coordinado desarrollo de acciones específicas por parte de los dirigentes universitarios de cada región y de cada universidad nacional o particular por las diferencias y necesidades que cada realidad presenta. Debe ser democrática porque debe garantizar a todos los universitarios miembros de un comando universitario aprista la posibilidad de desarrollar libremente sus capacidades profesionales e individuales, como la creatividad, la opinión, la crítica, la propuesta. El poder llegar a la dirigencia debe ser una realidad alcanzable y garantizada, si es que la lógica de la organización responde a la igualdad de oportunidades y, por tanto, al reconocimiento de capacidades y méritos.
No es paternalismo, por si acaso. Cada quien debe hacer con su vida lo que mejor le parece, pero eso no quiere decir que tenemos que poner al alcance de todos, todos los vicios existentes ni que el Estado los debe fomentar. Por eso, no se trata prohibir y decir a cada estudiante adulto “no vayas”, ni a cada casino o tragamonedas “prohibido dejar entrar”.
La reestructuración por su parte no debe significar el mero aspecto eleccionario de cambio dirigencial. Eso es más de forma que de fondo y lo que necesitan el Partido, el País y las universidades del Perú, son más cambios de fondo que de forma.
En segundo lugar, los puntos programáticos o lineamientos generales deberían recoger por lo menos los siguientes aspectos generales: a) la defensa del estudiante; b) la mejora de la calidad educativa en materia docente e infraestructura; c) el estudio del mercado laboral y la oferta formativa, y; d) el servicio social.
Defender al estudiante es lo primero y requiere de acciones diferenciadas de acuerdo a las características de cada universidad (pública o privada), de cada región, de cada municipalidad (con más o menos recursos) y por supuesto de los recursos del Estado. No podemos hacernos de la vista gorda frente a esto. Las normas sobre descentralización y gobiernos locales presentan a todo el Estado como responsable en materia educativa, y no sólo al gobierno nacional diferenciado de los gobiernos locales y regionales. A éstos también hay que dirigirse para defender al estudiante, pues la defensa no es sólo en materia administrativa dentro de cada universidad, sino también lo es fuera de ellas, y no sólo es académica, sino también social.
Entendiendo ello, está claro que la mejora de la calidad educativa implica la participación de todo el sector público en la medida de sus posibilidades. Canalizar sus esfuerzos hacia la universidad es fundamental. Mejor infraestructura universitaria en vez de postes pintados o pistas que no llevan a ningún lado, beneficios (servicios de salud, vivienda, medio pasaje p.e.) para los maestros en vez de piletas, deben ser la prioridad. La acción universitaria no está delimitada físicamente por las puertas y muros de los claustros universitarios, sino más bien debe ser abierta y amplia por que abiertos y amplios son los problemas de las universidades y de los universitarios, y porque no existe nadie más interesado que los gobiernos locales y regionales en invertir en la educación para alcanzar el desarrollo.
Por ello estudiar el mercado laboral y la oferta formativa es imperativo. Hay una sobreoferta de carreras que no obedecen a la necesidad del país y que no solucionan el problema del desempleo, al contrario, lo empeoran. Los universitarios deben estudiar sus realidades y plantear propuestas de creación de carreras acordes con el desarrollo de sus regiones y con las necesidades de los jóvenes. En ese sentido, debe exigirse al Estado la certificación rigurosa de calidad educativa de las universidades e institutos, así como de sus carreras individualmente consideradas; el cierre de las que no cumplen con estándares mínimos de calidad; la prohibición de apertura de ciertas carreras por exceso de profesionales en ese rubro (derecho p.e.); y la convocatoria a invertir en aquellas nuevas áreas formativas en las que el mercado necesita realmente de profesionales, de técnicos o de mano de obra calificada; la oportuna y debida información a los estudiantes de secundaria acerca de las áreas en las cuales existe verdadera demanda laboral para que tengan plena y verdadera libertad de elegir su futuro, y total seguridad de un empleo a corto plazo.
El servicio social debe ser parte importante del accionar universitario. Mientras la sociedad avanza hacia un individualismo cada vez más fuerte y reticente a toda iniciativa colectiva, los comandos universitarios apristas deben proyectar una imagen solidaria y propositiva hacia toda la comunidad universitaria como reflejo de su interpretación y análisis de la realidad. Los universitarios, piensen de la manera que piensen, tienen enemigos comunes (poca calidad educativa, deficiente infraestructura, escasos servicios, falta de recursos y materiales, etc.), por ello convocar a la comunidad universitaria en torno a acciones solidarias de su interés debe ser la principal tarea y el elemento palpable de la renovación de los comandos universitarios. Por tanto, el servicio social de los comandos universitarios debe atender primero a las necesidades de los universitarios, pues quiéranlo o no, siempre estará presente la idea del “primero yo, después el otro”. Eso no lo podemos obviar, como tampoco podemos obviar la proyección social hacia la comunidad en general. Pero primero lo primero.
Finalmente, en tercer lugar, establecer criterios claros de unidad, disciplina y coordinación en la organización. Es usual que por diferencias personales compañeros formen grupos estudiantiles que compitan con los comandos universitarios. Eso no tiene sentido. Considero que es perfectamente aplicable el mismo supuesto del caso de las candidaturas a elecciones municipales: si un militante desea postular por otra lista como alcalde o regidor, tiene que renunciar al Partido o pedir permiso, que sólo se da en el caso de que el Partido no presente candidaturas. Es cierto que muchas veces esto sucede por desavenencias personales, pero si se determinaran objetivos comunes, generales y concretos, en vez de particulares y difusos, tal vez sería más fácil congregar a la militancia para trabajar institucionalmente como un Partido por la defensa de los estudiantes en cada universidad, en cada región y en todo el país.
¿Y ahora qué?
“Ser o no ser, he allí la cuestión”. Somos apristas o no somos apristas. Somos universitarios apristas o no lo somos. Si lo somos, entonces comencemos a actuar como tales, si no sigamos actuando como lo venimos haciendo hasta el momento. Empezamos a definir una política universitaria aprista o dejamos que otros la “sigan definiendo” por los universitarios. Buscamos tener congresos universitarios programáticos o nos seguimos limitando a meros congresos eleccionarios luego de los cuales todo sigue igual. Promovemos el debate, el análisis, la investigación de los problemas y planteamos soluciones, o nos limitamos a mantenernos en silencio como en el caso de la huelga de profesores universitarios. Institucionalizamos la formación en el Partido, o seguimos con charlas, coloquios y eventos que no son malos, pero que no responden a una política formativa orgánica y con visión de futuro. Empezamos un trabajo colectivo a favor de algo o seguimos promoviendo esa actitud contradistintiva con la idea arcaica de trabajar en contra de algo. Trabajamos con quien no piensa como nosotros o subrogamos a todo aquel que discrepa de nuestras opiniones. Nos organizamos en torno a posiciones o seguimos haciéndolo alrededor de personas.
Creo que a ésto responde el principio de unidad partidaria, por lo que no estoy en contra del ejercicio de derechos individuales como el de asociación, sino en contra de que este ejercicio perjudique a la organización partidaria.
La reestructuración por su parte no debe significar el mero aspecto eleccionario de cambio dirigencial. Eso es más de forma que de fondo y lo que necesitan el Partido, el País y las universidades del Perú, son más cambios de fondo que de forma.
En segundo lugar, los puntos programáticos o lineamientos generales deberían recoger por lo menos los siguientes aspectos generales: a) la defensa del estudiante; b) la mejora de la calidad educativa en materia docente e infraestructura; c) el estudio del mercado laboral y la oferta formativa, y; d) el servicio social.
Defender al estudiante es lo primero y requiere de acciones diferenciadas de acuerdo a las características de cada universidad (pública o privada), de cada región, de cada municipalidad (con más o menos recursos) y por supuesto de los recursos del Estado. No podemos hacernos de la vista gorda frente a esto. Las normas sobre descentralización y gobiernos locales presentan a todo el Estado como responsable en materia educativa, y no sólo al gobierno nacional diferenciado de los gobiernos locales y regionales. A éstos también hay que dirigirse para defender al estudiante, pues la defensa no es sólo en materia administrativa dentro de cada universidad, sino también lo es fuera de ellas, y no sólo es académica, sino también social.
Entendiendo ello, está claro que la mejora de la calidad educativa implica la participación de todo el sector público en la medida de sus posibilidades. Canalizar sus esfuerzos hacia la universidad es fundamental. Mejor infraestructura universitaria en vez de postes pintados o pistas que no llevan a ningún lado, beneficios (servicios de salud, vivienda, medio pasaje p.e.) para los maestros en vez de piletas, deben ser la prioridad. La acción universitaria no está delimitada físicamente por las puertas y muros de los claustros universitarios, sino más bien debe ser abierta y amplia por que abiertos y amplios son los problemas de las universidades y de los universitarios, y porque no existe nadie más interesado que los gobiernos locales y regionales en invertir en la educación para alcanzar el desarrollo.
Por ello estudiar el mercado laboral y la oferta formativa es imperativo. Hay una sobreoferta de carreras que no obedecen a la necesidad del país y que no solucionan el problema del desempleo, al contrario, lo empeoran. Los universitarios deben estudiar sus realidades y plantear propuestas de creación de carreras acordes con el desarrollo de sus regiones y con las necesidades de los jóvenes. En ese sentido, debe exigirse al Estado la certificación rigurosa de calidad educativa de las universidades e institutos, así como de sus carreras individualmente consideradas; el cierre de las que no cumplen con estándares mínimos de calidad; la prohibición de apertura de ciertas carreras por exceso de profesionales en ese rubro (derecho p.e.); y la convocatoria a invertir en aquellas nuevas áreas formativas en las que el mercado necesita realmente de profesionales, de técnicos o de mano de obra calificada; la oportuna y debida información a los estudiantes de secundaria acerca de las áreas en las cuales existe verdadera demanda laboral para que tengan plena y verdadera libertad de elegir su futuro, y total seguridad de un empleo a corto plazo.
El servicio social debe ser parte importante del accionar universitario. Mientras la sociedad avanza hacia un individualismo cada vez más fuerte y reticente a toda iniciativa colectiva, los comandos universitarios apristas deben proyectar una imagen solidaria y propositiva hacia toda la comunidad universitaria como reflejo de su interpretación y análisis de la realidad. Los universitarios, piensen de la manera que piensen, tienen enemigos comunes (poca calidad educativa, deficiente infraestructura, escasos servicios, falta de recursos y materiales, etc.), por ello convocar a la comunidad universitaria en torno a acciones solidarias de su interés debe ser la principal tarea y el elemento palpable de la renovación de los comandos universitarios. Por tanto, el servicio social de los comandos universitarios debe atender primero a las necesidades de los universitarios, pues quiéranlo o no, siempre estará presente la idea del “primero yo, después el otro”. Eso no lo podemos obviar, como tampoco podemos obviar la proyección social hacia la comunidad en general. Pero primero lo primero.
Finalmente, en tercer lugar, establecer criterios claros de unidad, disciplina y coordinación en la organización. Es usual que por diferencias personales compañeros formen grupos estudiantiles que compitan con los comandos universitarios. Eso no tiene sentido. Considero que es perfectamente aplicable el mismo supuesto del caso de las candidaturas a elecciones municipales: si un militante desea postular por otra lista como alcalde o regidor, tiene que renunciar al Partido o pedir permiso, que sólo se da en el caso de que el Partido no presente candidaturas. Es cierto que muchas veces esto sucede por desavenencias personales, pero si se determinaran objetivos comunes, generales y concretos, en vez de particulares y difusos, tal vez sería más fácil congregar a la militancia para trabajar institucionalmente como un Partido por la defensa de los estudiantes en cada universidad, en cada región y en todo el país.
¿Y ahora qué?
“Ser o no ser, he allí la cuestión”. Somos apristas o no somos apristas. Somos universitarios apristas o no lo somos. Si lo somos, entonces comencemos a actuar como tales, si no sigamos actuando como lo venimos haciendo hasta el momento. Empezamos a definir una política universitaria aprista o dejamos que otros la “sigan definiendo” por los universitarios. Buscamos tener congresos universitarios programáticos o nos seguimos limitando a meros congresos eleccionarios luego de los cuales todo sigue igual. Promovemos el debate, el análisis, la investigación de los problemas y planteamos soluciones, o nos limitamos a mantenernos en silencio como en el caso de la huelga de profesores universitarios. Institucionalizamos la formación en el Partido, o seguimos con charlas, coloquios y eventos que no son malos, pero que no responden a una política formativa orgánica y con visión de futuro. Empezamos un trabajo colectivo a favor de algo o seguimos promoviendo esa actitud contradistintiva con la idea arcaica de trabajar en contra de algo. Trabajamos con quien no piensa como nosotros o subrogamos a todo aquel que discrepa de nuestras opiniones. Nos organizamos en torno a posiciones o seguimos haciéndolo alrededor de personas.
Creo que a ésto responde el principio de unidad partidaria, por lo que no estoy en contra del ejercicio de derechos individuales como el de asociación, sino en contra de que este ejercicio perjudique a la organización partidaria.
La decisión de tener un partido mejor no pasa únicamente por lo que los dirigentes hagan o digan, pasa también por lo que los militantes dejan hacer y decir a sus dirigentes, por lo que los militantes hacen o dicen y, básicamente, por lo que éstos dejan de decir y de hacer. Y tú, joven universitario aprista ¿qué decides?
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